Por lo general estos temas los comento a viva voz entre
amigos, pero esta vez no aguanto más que sigan vendiendo estas patrañas
refritas y maniqueas; mentiras edulcoradas para el desabrido menú periodístico europeo.
No hay crítica, sólo un besamanos al presidente, un juego inmoral con el poder,
por parte de Santiago Gamboa, que va por el mundo como un Carlos Fuentes
colombiano (poco ilustrado, por cierto), con tanto de alzacuello de cura. Ya no
es fácil seguir leyendo más tonterías... La guerrilla en Colombia me lleva
cinco años de edad. Y lo peor es el tercero en conflicto no citado que actúa
como árbitro y juez en un proceso en el que también se ha manchado la mano con
la ilegalidad.
El proceso de pacificación colombiano es equiparable a
procesos en donde la impunidad gobierna, como por ejemplo la guerra civil
española, buena parte de la era Pinochet o el conflicto de los desaparecidos en
Argentina. Los últimos cincuenta años en Colombia han estado marcados por una
guerra fratricida de colombianos contra colombianos y allí han metido mano
todos todas las facciones implicadas en el conflicto. Por eso los árbitros
deberían venir de fuera del país, al menos una buena mayoría, porque lo más
turbio del problema es que nunca se sabe muy bien quién es quién, mientras los
años pasan impunemente y los manifestantes marchan y protestan, llaman a la
paz, se sienten en culpa y no saben muy bien de dónde viene la mano negra de la
violencia.
Se ha hablado de paramilitares, autodefensas, guerrilla,
narcotraficantes… pero nunca se ha podido hablar a las claras de los excesos e
impunidad con que han actuado los organismos estatales con licencia, no ya para
matar, sino para actuar en silencio y total arbitrariedad. En el plano
administrativo de justicia ha habido incontables víctimas de atropellos y de la
lentitud de la justicia. Es suficiente recordar el arma de doble filo de los
jueces sin rostro, o el CTI, órgano de la Fiscalía General de la Nación que
muchas veces ha servido a la oficialidad institucional para propósitos
políticos y para pisotear los derechos humanos, con la ayuda de los medios
de comunicación para limpiar cualquier sospecha. El caso Hasbún (Alberto
Jubiz Hasbun) un ciudadano inocente detenido y hecho prisionero durante cuatro
años entre 1989 y 1993, bajo la falsa acusación del asesinato de Luis Carlos
Galán (cuatro años después de su detención, salió tan deteriorado de la cárcel
que murió cuando esperaba ser indemnizado por el Estado en 1998), es más que
elocuente.
Tal vez por eso habría que hablar de los delitos cometidos y
no de intencionalidades: sólo a partir de un inventario parsimonioso se pueden
separar los hechos de las manipulaciones políticas e ideológicas. No olvidemos
que Colombia es una realidad piramidal al estilo de la India, donde los pachás
y los intocables no se reconocen como individuos de una misma humanidad. Por
ejemplo, ¿Dónde, o bajo qué etiqueta o expediente podrían ubicarse los
asesinatos a sindicalistas de las últimas décadas, el aniquilamiento de los
políticos del diezmado partido comunista? Se necesita más de un árbitro
extranjero al estilo del juez español Baltasar Garzón.
Escribir así en Europa, con la irresponsabilidad y el
pretendido candor de Santiago Gamboa, es perder una oportunidad para hablar en
serio... sobre todo en un momento en el que no se sabe muy bien cómo un país
con un presidente tan a la derecha como Santos, pretende vender la idea de querer
entrar dentro del eje chavista... precisamente en un momento en el que algunos
de los negocios más grandes de Latinoamérica se están negociando en suelo
colombiano, como preludio a la gran burbuja inmobiliaria y financiera que ahora se está desplazando de la Europa en
bancarrota al Tercer Mundo. Huela a podrido desde lejos... y mucho.
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